La tarjeta profesional constituye el documento mediante el cual se acredita la inscripción legal para el ejercicio de profesiones reguladas, en cumplimiento del Artículo 26 de la Constitución Política, que faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad en actividades que impliquen riesgo social. Según la Corte Constitucional, su exigencia es una restricción excepcional a la libertad de escoger profesión u oficio, permitida únicamente cuando la práctica profesional puede generar repercusiones colectivas que demandan supervisión estatal. En consecuencia, las leyes especiales de cada profesión determinan cuándo es obligatoria la tarjeta profesional y cuál es la autoridad competente para expedirla. Adicionalmente, el Decreto 1083 de 2015 establece que, cuando un empleo público requiera tarjeta o matrícula profesional, esta debe acreditarse como requisito habilitante, pudiendo sustituirse temporalmente por certificación de trámite, sin perjuicio de que el documento definitivo sea presentado dentro del plazo legal correspondiente.