La Constitución Política de Colombia en su artículo 67, considera la educación pública como un derecho y delega su responsabilidad al Estado, la familia y la sociedad. En tal sentido, la financiación de la formación académica debe estar cubierta en los diferentes niveles.
Por otra parte, con la promulgación de la Ley 30 de 1992, se estableció la autonomía universitaria y se concedió a las universidades la potestad para darse sus propios reglamentos, inclusive antes de esta normatividad nacional; la Universidad de Nariño tomó la decisión de llegar a diferentes municipios del departamento como una estrategia de regionalización.
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