Comunicado Asamblea Universitaria

A las y los estudiantes, profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores, egresadas y egresados de todas las universidades públicas de Colombia: hoy alzamos la voz con espíritu universitario para recordar que la autonomía no es una consigna vacía, sino un principio fundamental de la razón de ser de la universidad. En este momento crítico para la Universidad Nacional de Colombia, reafirmamos que la defensa de una institución hermana es también la defensa del proyecto histórico de universidad pública para todo el país.

Los acontecimientos que han marcado la vida institucional de la Universidad Nacional desde marzo de 2024 son de conocimiento público. La comunidad universitaria, mediante consulta estamentaria, eligió de manera clara y contundente al profesor Leopoldo Múnera como su primera opción para ocupar la rectoría. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU) designó inicialmente a otro candidato, generando una crisis que trascendió lo administrativo y reabrió el debate estructural sobre la legitimidad y el sentido mismo de la autonomía y la democracia al interior de las universidades. Posteriormente, tras reconocer irregularidades en el proceso, el propio CSU rectificó y designó al Dr. Múnera. Con el fallo del Consejo de Estado del 20 de noviembre de 2025, que declara nula esta segunda designación, se abre nuevamente un escenario de incertidumbre institucional que pone a prueba la solidez democrática de nuestras universidades.

Frente a este panorama, reafirmamos que la autonomía universitaria no puede ser reducida a un formalismo jurídico ni a la voluntad discrecional de órganos colegiados que, en ocasiones, terminan desconectados de las comunidades que deberían representar. La autonomía es práctica democrática, es ejercicio vivo, es la expresión de la voluntad colectiva de quienes sostienen a la universidad con su trabajo intelectual, académico y social. Por eso, la tensión entre “lo legal” y “lo legítimo” no puede resolverse ignorando la voz de la comunidad. Lo legal puede invocar reglas; lo legítimo exige participación, deliberación y reconocimiento del sujeto universitario como actor político. En este sentido, la rectoría de Leopoldo Múnera refleja la legitimidad democrática que brota de la consulta estamentaria, la misma que reconoció en él al rector que la comunidad eligió.

Desde la Universidad de Nariño reafirmamos nuestro respaldo a la rectoría de Leopoldo Múnera, porque su designación no fue el resultado de acuerdos de cúpula, sino la expresión directa del mandato de estudiantes, docentes y egresados. Su gestión, además, ha impulsado la Constituyente Universitaria proceso que profundiza la democracia en la Universidad Nacional. Defender su rectoría es también respaldar este ejercicio colectivo que busca devolverle a la comunidad universitaria la capacidad de orientar su propio destino.

Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso pero firme al CSU de la Universidad Nacional para que realice una lectura crítica, responsable y autónoma del reciente fallo del Consejo de Estado. Esa interpretación no puede limitarse al análisis procedimental, debe considerar el contexto político, el principio constitucional de autonomía universitaria y, sobre todo, la voluntad expresada por la comunidad en la consulta. El CSU tiene la responsabilidad histórica de evitar retrocesos y garantizar una conducción institucional coherente con la democracia que la universidad se debe a sí misma.

La crisis de la Universidad Nacional no es un asunto aislado; es un espejo que interpela a todas las instituciones públicas de educación superior y constituye un argumento más para abrir, sin dilaciones, una discusión de fondo sobre la Ley de Educación Superior como derecho fundamental y el modelo de gobierno universitario que esta consagra. Por ello, llamamos a las universidades del país a mantenerse vigilantes, unidas y activas en la defensa de la autonomía. Esta no se declama: se ejerce, se cuida y se disputa colectivamente. Hoy, más que nunca, la universidad pública colombiana debe hablar con voz propia y exigir transformaciones estructurales acordes con su carácter democrático y público.