COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
La Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 constituye un referente histórico para la universidad pública latinoamericana. El movimiento estudiantil cuestionó las estructuras autoritarias de la universidad y reivindicó la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra, la investigación y la extensión. Sus postulados trascendieron Argentina y contribuyeron a la construcción de una universidad democrática, crítica y comprometida con la sociedad. La defensa de la autonomía universitaria es, por tanto, una conquista histórica del movimiento universitario que permite preservar la libertad de pensamiento y el desarrollo de la vida académica.
La Universidad de Nariño, como única universidad pública de la región, desarrolla sus tres ejes misionales —docencia, investigación e interacción social— bajo el principio de autonomía universitaria. Esta condición permite formar pensamiento crítico, producir conocimiento y vincular la Universidad con las necesidades del territorio. A su vez, la Universidad es un espacio de debate de ideas, organización y participación, donde estudiantes, docentes y trabajadores intervienen en las discusiones que atraviesan la sociedad.
La defensa de la autonomía cobra especial relevancia frente a la historia de violencia que han atravesado las instituciones de educación superior en Colombia. Diferentes universidades públicas han sido escenario de militarización, ingreso de la fuerza pública, detenciones, asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos. Los hechos ocurridos durante las movilizaciones estudiantiles de 1954 y 1971, así como el ingreso de la fuerza pública a la Universidad Nacional en 1984, hacen parte de esta memoria y evidencian los riesgos de abordar la vida universitaria desde una lógica exclusivamente de orden público.
La Universidad de Nariño también ha sido víctima de esta violencia. Entre los años 2000 y 2003 fueron asesinados integrantes de su comunidad universitaria: los estudiantes Martín Emilio Rodríguez, Adriana Fernanda Benítez, Marcos Antonio Salazar y Jairo Roberto Moncayo, y el trabajador Livio Tito Hernández. Sus nombres hacen parte de la memoria de nuestra institución y de la historia de la violencia contra la comunidad universitaria de la región.
Esta memoria adquiere especial importancia con el reconocimiento de la Universidad de Nariño como Sujeto de Reparación Colectiva, otorgado por la Unidad para las Víctimas mediante la Resolución No. 2025- 159054, debido a los daños sufridos por su comunidad en el contexto del conflicto armado. Este reconocimiento implica un compromiso con la verdad, la memoria y la reparación, así como con la garantía de que la persecución y la violencia contra la comunidad universitaria no vuelvan a repetirse.
En este marco, la organización estudiantil, la libertad de expresión, la participación y la protesta hacen parte de la vida democrática de la Universidad. La existencia de conflictos o situaciones que afecten la convivencia no puede convertirse en una justificación para desconocer estos derechos ni para intervenir sobre la autonomía de las instituciones de educación superior.
Por lo anterior, rechazamos categóricamente los pronunciamientos presidenciales que criminalizan y estigmatizan al movimiento estudiantil y a la comunidad universitaria, desconociendo su derecho a organizarse y protestar. Rechazamos igualmente cualquier medida que vulnere la autonomía universitaria mediante el ingreso de la fuerza pública a los campus.
Exigimos el respeto irrestricto a la autonomía universitaria, a la protesta, a la organización estudiantil y a la vida e integridad de quienes hacen parte de la comunidad universitaria.
Hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía a defender una Universidad pública, crítica, democrática y autónoma, comprometida con sus funciones misionales y con la transformación social de la región.
CONSEJO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
