Circular Conjunta 003 de 2026

La Rectoría de la Universidad de Nariño, en ejercicio de sus funciones, establece las siguientes directrices para garantizar la atención oportuna, clara, completa y de fondo de los derechos de petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015.

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política como derecho fundamental, garantiza a toda persona la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés general o particular, y obtener pronta resolución. Su ejercicio comprende el deber de brindar una respuesta oportuna, clara, precisa, congruente y de fondo, así como de ponerla en conocimiento del peticionario.

En consecuencia, la debida atención de los derechos de petición constituye una responsabilidad de las unidades académico-administrativas, cuyo cumplimiento resulta fundamental para prevenir posibles vulneraciones derivadas de la falta de respuesta oportuna, incompleta o de fondo, que puedan dar lugar a la interposición de acciones de tutela contra la Universidad de Nariño. Por lo anterior, deberán observarse los siguientes lineamientos para asegurar una gestión adecuada y oportuna de las peticiones recibidas:

1. Los derechos de petición cuya respuesta sea competencia de cada unidad académicoadministrativa, deberán resolverse dentro de los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, contados a partir del día siguiente a su recepción: quince (15) días hábiles como término general y diez (10) días hábiles cuando se trate de peticiones de documentos e información.

De manera excepcional, cuando por razones objetivas, como dificultades para acceder a la información o la necesidad de adelantar actuaciones adicionales para resolver la solicitud, no sea posible emitir una respuesta dentro del término legalmente establecido, la unidad académico-administrativa deberá informar esta situación al peticionario antes de que finalice el plazo inicial, exponer las razones que justifican la demora e indicar el tiempo razonable en el que se dará respuesta, el cual no podrá superar el doble del término legal inicialmente establecido.

En el mismo sentido, cuando la unidad académico-administrativa ante la cual se presente la petición no sea competente para resolverla, deberá remitirla a la dependencia o autoridad competente dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, e informar de la remisión al peticionario, adjuntando copia del oficio mediante el cual se efectúe la remisión, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Es importante precisar que la falta de competencia no releva a la dependencia receptora de su deber de dar trámite a la solicitud ni justifica la omisión de las actuaciones necesarias para garantizar su atención oportuna.

2. En todo caso, las respuestas emitidas por las unidades académico-administrativas deberán ser oportunas, claras, completas, congruentes y de fondo. Para ello, deberán pronunciarse sobre cada uno de los asuntos planteados por el peticionario y resolver efectivamente lo solicitado, sin recurrir a evasivas, respuestas genéricas o manifestaciones que no atiendan el objeto de la petición. Cuando no sea posible acceder a lo solicitado, deberán exponerse de manera expresa y debidamente sustentada las razones que fundamentan la decisión. Así mismo, deberá garantizarse que la respuesta sea efectivamente comunicada al peticionario, a través de los medios físicos o electrónicos que haya suministrado para tal efecto.

3. Cuando corresponda a Rectoría emitir la respuesta institucional, el Departamento Jurídico solicitará a las unidades académico-administrativas que tengan a su cargo la información relacionada con la solicitud, el suministro de los informes, documentos y elementos necesarios para consolidar la respuesta.

Las dependencias requeridas deberán remitir la información solicitada de manera completa, precisa y dentro del plazo indicado, procurando que los elementos aportados permitan atender todos los aspectos de la solicitud. La omisión en el suministro de la información requerida, su entrega incompleta o extemporánea puede comprometer la consolidación de una respuesta integral y el cumplimiento de los términos legales.

La observancia de estos lineamientos resulta indispensable para garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental de petición, proteger los derechos de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general, y prevenir la interposición de acciones de tutela derivadas de la falta de respuesta o de contestaciones que no atiendan las exigencias constitucionales y legales.

Finalmente, se recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1755 de 2015, la falta de atención a las peticiones y el incumplimiento de los términos para resolverlas constituyen falta para los servidores públicos y pueden dar lugar a las consecuencias disciplinarias correspondientes. En tal sentido, el incumplimiento injustificado de los deberes señalados en la presente circular podrá dar lugar al inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes por parte de la Dirección de Instrucción Disciplinaria, en el ámbito de sus competencias.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI
Rectora
Universidad de Nariño